SANTO DOMINGO. Con la muerte en la cárcel de Najayo de Rolando Florían Féliz, condenado a 20 años de prisión por narcotráfico y asesinato, nuevamente se revive la historia de la falta de controles de seguridad implementados por la Dirección General de Prisiones.
De acuerdo a fuentes locales, Florián Féliz recibió siete impactos de balas (algunos en la espalda), los cuales fueron mortales para el reconocido narcotraficante que murió en el Hospital Juan Pablo Pina, en San Cristóbal. Este suceso abre la posibilidad de que la ejecución se realizara fuera del recinto carcelario y pone en acertijo la función desarrollada por la Dirección General de Prisiones.
En ese orden resulta paranoico que para someter a la obediencia a un recluso armado con una supuesta arma blanca- independientemente de que se mantenga bajo los efectos de la droga como indicara el capitán Lino Oscar Jiménez- miembro de la seguridad del penal - sea indispensable lanzar como hoja al viento tantos casquillos.
El país espera del director General Prisiones, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, una explicación de las razones por las cuales un reo de esa categoría portaba un cuchillo -con el cual alegadamente- emprendió contra el encargado de seguridad de la cárcel de Najayo, según la versión ofrecida por su verdugo, Oscar Jiménez.
Además cómo se pudo “colar” frente a la mirada de las autoridades la alegada droga que había consumido el convicto de 43 años de edad, quien cumplió 14 años de una condena de dos décadas.
Las autoridades tienen el deber de respetar los derechos de las personas, inclusive de aquellos que pagan los errores cometidos en el pasado, sin importar cuando daños causaron a la sociedad.
Es por eso que la referida entidad debe ser garante de la seguridad ciudadana dentro de los recintos y actuar frente al conocimiento de una irregularidad tan grave como el uso de armas blancas y el consumo estupefacientes en las cárceles, así como la complicidad de miembros de los cuerpos castrenses con los encarcelados.
En ese orden, el Procurador general de la Republica, Radhamés Jiménez, ordenó al procurador adjunto Ramón A. Madera, al fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, y al Supervisor General de Prisiones Henry Garrido investigar el caso y ofrecer un informe.
En fin, no solamente sería interesante una investigación sobre los cuestionados hechos, sino también una revisión sobre las labores ejecutadas por la Dirección de Prisiones, organismo que ofreció en un primer comunicado la información que la victima falleció de cuatros disparos, pero luego cambió la versión al identificar siete impactos de balas.
En ese orden resulta paranoico que para someter a la obediencia a un recluso armado con una supuesta arma blanca- independientemente de que se mantenga bajo los efectos de la droga como indicara el capitán Lino Oscar Jiménez- miembro de la seguridad del penal - sea indispensable lanzar como hoja al viento tantos casquillos.
El país espera del director General Prisiones, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, una explicación de las razones por las cuales un reo de esa categoría portaba un cuchillo -con el cual alegadamente- emprendió contra el encargado de seguridad de la cárcel de Najayo, según la versión ofrecida por su verdugo, Oscar Jiménez.
Además cómo se pudo “colar” frente a la mirada de las autoridades la alegada droga que había consumido el convicto de 43 años de edad, quien cumplió 14 años de una condena de dos décadas.
Las autoridades tienen el deber de respetar los derechos de las personas, inclusive de aquellos que pagan los errores cometidos en el pasado, sin importar cuando daños causaron a la sociedad.
Es por eso que la referida entidad debe ser garante de la seguridad ciudadana dentro de los recintos y actuar frente al conocimiento de una irregularidad tan grave como el uso de armas blancas y el consumo estupefacientes en las cárceles, así como la complicidad de miembros de los cuerpos castrenses con los encarcelados.
En ese orden, el Procurador general de la Republica, Radhamés Jiménez, ordenó al procurador adjunto Ramón A. Madera, al fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, y al Supervisor General de Prisiones Henry Garrido investigar el caso y ofrecer un informe.
En fin, no solamente sería interesante una investigación sobre los cuestionados hechos, sino también una revisión sobre las labores ejecutadas por la Dirección de Prisiones, organismo que ofreció en un primer comunicado la información que la victima falleció de cuatros disparos, pero luego cambió la versión al identificar siete impactos de balas.
Reynaldo Hernández
Foto:Blogsantodomingo.com
